Esta nota tampoco escapará de su destino: quedará almacenada en bases de datos públicas o privadas. La información será desmenuzada según quién la tome y clasificada para usos desconocidos. Quien firma el artículo dejará que su correo sea cotejado con otros registros para colaborar en la configuración de un perfil personal que quizás nunca verá. Sucede en todos los órdenes. Nos observan, nos vigilan, toman nota. Fundamentalmente el Estado, a través de las fuerzas de seguridad y los organismos de control fiscal. Pero también bancos, empresas y servidores de Internet. Es un síntoma de época: sin saberlo, goteamos datos a cada paso y alguien viene detrás recogiéndolos para ponerlos en valor, a veces vulnerando la frontera de la privacidad. Lo que sucede después es el eje de una discusión global.
En la Argentina es cada vez más fuerte la sospecha de que se usan las bases de datos para fines polémicos. Se observa quién compra dólares, cómo, cuándo, dónde; se observan las situaciones impositivas, para luego proceder con intimaciones o incluso escraches públicos a deudores con nombre y apellido. Una inocente compra de supermercado que supere los mil pesos y se abone con tarjeta puede convertirse en el gatillo que jale la AFIP para iniciar la investigación de un individuo. Nuestros rostros, incluso, son captados por cámaras urbanas mientras caminamos y pasan a engrosar archivos de imágenes que a veces terminan en TV. Sobran ejemplos. Pero, ¿es lícito que nos observen? ¿Qué pasa con el derecho a la privacidad consagrado por la Constitución?
En el mundo de vidas privadas bajo la lupa, el país no es la excepción. A fines de 2011, Cristina presentó un ambicioso proyecto de vigilancia estatal generalizada: una base tecnológica de datos llamada Sibios (Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad), que almacena la información biométrica (cara y huellas dactilares) de todas las personas. Desde el 1 de enero de 2012, todos los recién nacidos son registrados por Sibios, y la información queda a disposición de todas las fuerzas de seguridad. En poco tiempo, integrado a sistemas de cámaras urbanas, Sibios permitirá reconocer a cualquier persona en cualquier lugar. La Presidente lo presentó como una herramienta contra el delito, pero ONG vienen alertando sobre la manipulación de esos datos para otros fines.
“Tenemos entendido que la AFIP cruza información con Sibios. Un simple dato puede disparar que comiencen a monitorearse los movimientos bancarios de quien hizo migraciones”, explica Beatriz Busaniche, especialista de la Fundación Vía Libre. “Lo primero que destacaría es que Sibios se lanzó sin debate público –agrega Ramiro Alvaez Ugarte, titular de la Asociación por los Derechos Civiles–, no pasó por el Congreso”.
El sistema fue postulado como el futuro de la mega vigilancia, pero para el especialista tiene fisuras: “Las medidas de identificación no son eficientes ni dan resultados seguros y existen enormes posibilidades de abusos de las bases de datos, que se pueden convertir fácil en herramientas que se usan para adelantar políticas y prácticas de discriminación”, describe.
Más allá del Sibios, el tecnólogo Julio López amplía: “El control de datos es normal; lo delicado es el uso inescrupuloso de los datos. La información de la Moreno card, ¿quién la va a manejar? El Estado quiere dar telefonía. Cuando tenga acceso a las antenas de operadoras, ¿va a tener la información de dónde está cada celular?”.
La popular tarjeta SUBE es otro Big Brother cuestionado y estatal. Al estar asociada a un nombre y a un DNI, quien la controla –el Ministerio de Interior y Transporte– puede mapear los movimientos de cada persona. “Nosotros denunciamos la SUBE como una violación de intimidad. A través de ella, el Estado tiene la capacidad de controlar en qué medios y a qué hora se desplazan nuestros hijos, datos que deberían ser confidenciales”, explica el experto en seguridad informática Cristian Borghello.
Es lógico que por seguridad el Gobierno vigile. Pero no más de lo necesario. Martín Carranza Torres, especialista en derechos de tecnología, lo explica. “Documento, domicilio, estatus criminal, eventualmente, y mi situación económica para cobrarme impuestos. Si vigilan qué consumí fuera del país avasallan el derecho a la intimidad consagrado por la Constitución”.
¿Qué hay que saber? Primero que existe una ley de Habeas Data, que obliga a registrar las bases de dato ante el Estado. La norma establece el derecho de conocimiento de la información, para que el que desee saber qué datos suyos tiene una entidad pueda solicitarlo. La Dirección de Protección de Datos Personales es la autoridad de aplicación de la ley. A través suyo, se puede ejercer el derecho a ser rectificado o eliminado de un registro. La misma oficina, en su web ofrece consejos para preservarse y no dar más datos de los necesarios.
Sin contar lo que se filtra por mal uso de Internet, hay dos formas de que alguien obtenga nuestros datos: a través del padrón electoral, que es público, o cuando nosotros los entregamos. “Pero cuidado –alerta Borghello– la ley establece que cada vez que damos un dato, también damos consentimiento para que se use. Si abro una cuenta, el banco podrá disponer de información. Pero hay letras chicas que habilitan a ese banco a utilizar esos datos para fines que no informan. Esto da como colorario que nos llegue a casa una oferta de una tarjeta gratuita de otra entidad”.
Existen por lo menos cuatro webs que, con sólo colocar DNI, vomitan datos personales a veces erróneos. “Se nutren de registros viejos. Si alguna vez estudiaste Medicina, pueden decir que sos estudiante”, explica Borghello. Sus palabras grafican la telaraña de información caótica que se cruza en el universo de la vigilancia total, donde lo público se mezcla con lo privado. En esa marea, flotamos todos. “Se puede saber todo de nuestra vida privada –sigue Alvarez Ugarte– y más si el Gobierno tiende a la vigilancia”.
Se advierte: mantener un espacio ajeno a la mirada de los otros es cada vez más difícil en una sociedad que digitaliza hasta las cerraduras de ingreso a los edificios. Pero es más complejo todavía con un Gobierno sediento de datos, que no sólo se vale de su aparato de inteligencia para observar. Frente a todo esto, lo único que queda es saber. Alvarez Ugarte enumera: “Cambiar nuestras prácticas riesgosas y pedir información a las empresas y al Estado sobre lo que hacen con nuestros datos”. Y así y todo, no bajar la guardia.
Clarin.com
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