El Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) no conoce quién vive en 45 mil de las viviendas que construyó. Por esta razón, lanzó esta semana una curiosa licitación: con un presupuesto de 2,2 millones de pesos, el organismo busca que una empresa privada realice un relevamiento para conocer quiénes son los ocupantes de las casas construidas en las principales localidades de la provincia.
El IPVU posee un sistema digital con información de los titulares de las viviendas, pero estos datos están desactualizados o no se corresponden con la situación real. Por este motivo, quieren conocer la identidad de las personas que habitan las casas, en algunos casos varios años después de haber adjudicado las unidades.
El vicepresidente del IPVU, Marcelo San Pablo, justificó el relevamiento y negó que el IPVU no conozca a los titulares de las casas. Explicó que el organismo tiene una base de datos, pero estimó que es necesario “contrastar esa información con la realidad”. “Vamos a regularizar la situación a partir de conocer la situación de la persona que habita”, remarcó.
El funcionario detalló que existen muchas personas que venden o alquilan sus viviendas de forma fraudulenta, debido a que las mismas son intransferibles. Dijo que en caso de detectarse alguna irregularidad se sigue una vía administrativa para regularizar la situación o bien, en los casos que así se requiera, se da intervención a la Justicia. “Hay que ver cómo la persona llegó a la casa y a partir de allí se busca resolver la situación”, aseguró.
Costos
Consultado por el alto costo del relevamiento, San Pablo explicó que el trabajo exigirá mucha mano de obra y deberá estar realizado en dos o tres meses. También detalló que la mayor parte del trabajo quedará en manos de la firma que se adjudique las tareas, aunque los estudios previos, los hizo la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.
Tomando como parámetro el Censo 2010, el Estado Nacional invirtió 528 millones de pesos, lo que representa un costo de 37 pesos por vivienda, bastante más económico que el calculado por el IPVU.
El IPVU posee un sistema digital con información de los titulares de las viviendas, pero estos datos están desactualizados o no se corresponden con la situación real. Por este motivo, quieren conocer la identidad de las personas que habitan las casas, en algunos casos varios años después de haber adjudicado las unidades.
El vicepresidente del IPVU, Marcelo San Pablo, justificó el relevamiento y negó que el IPVU no conozca a los titulares de las casas. Explicó que el organismo tiene una base de datos, pero estimó que es necesario “contrastar esa información con la realidad”. “Vamos a regularizar la situación a partir de conocer la situación de la persona que habita”, remarcó.
El funcionario detalló que existen muchas personas que venden o alquilan sus viviendas de forma fraudulenta, debido a que las mismas son intransferibles. Dijo que en caso de detectarse alguna irregularidad se sigue una vía administrativa para regularizar la situación o bien, en los casos que así se requiera, se da intervención a la Justicia. “Hay que ver cómo la persona llegó a la casa y a partir de allí se busca resolver la situación”, aseguró.
Costos
Consultado por el alto costo del relevamiento, San Pablo explicó que el trabajo exigirá mucha mano de obra y deberá estar realizado en dos o tres meses. También detalló que la mayor parte del trabajo quedará en manos de la firma que se adjudique las tareas, aunque los estudios previos, los hizo la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.
Tomando como parámetro el Censo 2010, el Estado Nacional invirtió 528 millones de pesos, lo que representa un costo de 37 pesos por vivienda, bastante más económico que el calculado por el IPVU.
