Se trata de tres docentes que incurrieron en prolongadas e
injustificadas inasistencias, abandono de cargo en forma sucesiva y
también por no declarar que contaban con otro cargo docente en una
institución educativa universitaria. Todas estas faltas violan el
artículo Nº 54 del Estatuto del Docente, ley 14.473.
A través de sendos decretos firmados por el gobernador Jorge Sapag en
abril y mayo de este año, el gobierno de la provincia aplicó sanciones
de cesantías a tres empleados de la administración pública provincial
que se desempeñaban como docentes, por haber incumplido en distintas
circunstancias y causales diferentes el artículo Nº 54 del Estatuto del
Docente, ley 14.473.
De esta manera, mediante decreto Nº 0654/2013 del 3 de mayo, se dejó
cesante a Liliana Beatriz Muñoz por transgredir con su conducta lo
normado en el artículo Nº 50 de la mencionada ley provincial, que obliga
a los docentes a informar si se desempeñan laboralmente en otro lugar.
En este caso se comprobó por sumario administrativo que omitió declarar
el cargo que ocupaba en la Universidad Nacional del Comahue.
A través del decreto 0605/2013, fechado el 29 de abril, se aplicó
similar medida a la docente Flavia Andrea Fracasso, al demostrarse que
la misma dejó de asistir sin justificativo a su lugar de trabajo, en el
Instituto de Formación Docente Nº 5 de Plottier, los días 26 y 28 de
mayo; 2, 4, 7, 9, 10,11, 16, y 18 de junio; también el 6, 9, 13, 21, 27 y
29 de septiembre; y el 4 y 6 de octubre, todas estas fechas
correspondientes al año 2010.
Esta falta configura abandono de cargo y por ello se la deja cesante,
en los términos del artículo Nº 1 del Decreto Nº 350/1980 y del
artículo Nº 5 del Estatuto del Docente.
Por último, a través del decreto Nº 655/2013 del 3 de mayo pasado, se
cesanteó a Sandra Daniela Rodríguez, que se desempeñaba como Asesora
Pedagógica en el Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 65 de Junín de
los Andes por haber incurrido en el abandono de su cargo según lo que
establece el Estatuto Docente, las leyes y decretos que lo respaldan.
En este caso, se comprobó que la docente se ausentó durante los 30
días de septiembre, el 1 de octubre y casi todo el mes de noviembre del
año 2009; además de determinar la invalidez de los certificados de salud
presentados oportunamente y –por perito calígrafo- haber comprobado que
las firmas insertas en dichos documentos médicos no se correspondían
con las autenticadas por la doctora involucrada en su confección.
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